La aprobación del anteproyecto de Ley para la gobernanza y buen uso de la inteligencia artificial supone un punto de inflexión en la regulación de una tecnología que está transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. Ante esta realidad, el debate es inevitable: ¿estamos poniendo orden o estamos limitando el progreso?
Que sea necesaria una regulación en materia de IA es indiscutible. La capacidad de estas tecnologías para tomar decisiones autónomas, analizar datos masivos e influir en ámbitos tan sensibles como la economía, la salud o la seguridad requiere un marco normativo que asegure su uso ético. No podemos olvidar que la IA, si no se controla adecuadamente, puede derivar en sesgos discriminatorios, manipulación de masas y riesgos para la privacidad.
Así, el anteproyecto establece un régimen sancionador contundente para aquellas prácticas que se consideren inaceptables. El uso de sistemas que manipulen decisiones de forma subliminal, que exploten la vulnerabilidad de determinados colectivos o que clasifiquen a personas según raza, religión o ideología política, será castigado con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio de la empresa infractora. En paralelo, se regula el uso de sistemas de identificación biométrica remota “en tiempo real”, restringiendo su aplicación a casos muy concretos y con autorización judicial.
Pero la pregunta es si este tipo de regulaciones consiguen realmente el objetivo perseguido. Por un lado, parece un paso necesario para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero, por otra parte, existe el riesgo de que esta regulación frene la innovación o genere barreras inalcanzables para muchas empresas emergentes. La IA es un campo en constante evolución y, si ponemos trabas excesivas, corremos el peligro de que los avances se desarrollen en otros países con legislaciones más laxas.
También está la cuestión de la eficacia. Las grandes empresas tecnológicas, con suficientes recursos, podrán adaptarse a la normativa. Pero, ¿y las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Y los proyectos de investigación? El anteproyecto prevé ciertas flexibilidades para las MIPYMES, pero ¿serán suficientes para no convertir la IA en un terreno reservado para unas pocas corporaciones?
En definitiva, la regulación de la IA es imprescindible pero también lo es garantizar que esta normativa no se convierta en un freno para el desarrollo tecnológico. El equilibrio entre seguridad e innovación será clave. No se trata de regular por miedo, sino de acompañar el progreso con responsabilidad.
El Anteproyecto se encontraba en fase de audiencia pública hasta el 26 de marzo, y por tanto, se podían presentar propuestas de modificación.
